El 22 de junio de 2017, el Perú fue testigo de la trágica muerte de Jovi Herrera Alania (20 años) y José Luis Huamán Villalobos (19 años), debido a un gigantesco incendio que se desató en una galería comercial del distrito de Cercado de Lima, ubicado en la capital del país. Luego de la investigación se determinó que las víctimas trabajaban en condiciones precarias: pasaban más de 8 horas al día encerrados con candado en contenedores borrando las marcas chinas de unos focos fluorescentes para luego pegarles el logo de la japonesa Panasonic, tal y como les había indicado su jefe, un trabajo evidentemente ilegal e inhumano.
Esos jóvenes no estaban en planilla, no tenían ningún tipo de contrato laboral de por medio y, claro está, su empleador no contaba ni cumplía con los reglamentos de seguridad y salud en el trabajo. Por dichas razones, hoy, ese empleador, el señor Jonny Coico Sirlopu y su cónyuge, Vilma Zeña Santamaría, cumplen una condena de 30 y 15 años de prisión, respectivamente, por la comisión del delito de trata de personas agravada con fines de explotación laboral y esclavitud, con subsecuente muerte.

La informalidad puede parecer la opción más barata y viable frente a un marco regulatorio complejo y que desincentiva al ciudadano empresario; sin embargo, los costos de esa informalidad, en este caso, fueron pagados con la vida de Jovi y José Luis.
Según cifras del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (en adelante, “MTPE”), hasta el mes de enero de 2020, 12´157,611 personas trabajaban de manera informal. Es decir, el 72.4% de la Población Económicamente Activa (en adelante, “PEA”) ocupada, de los cuales un total de 2’708,889 correspondía únicamente a Lima Metropolitana (56.9% de la PEA ocupada). Contrario sensu, en Lima existen 2’048,798 trabajadores formales, de los cuales, aproximadamente el 28% tiene entre 15 y 29 años, es decir: 582,185 jóvenes corren los mismos riesgos que provocaron la muerte de Jovi y José Luis (MTPE, 2020).
Lo que es peor, debido a la crisis económica producto de la pandemia del COVID-19, miles de ciudadanas y ciudadanos han perdido su trabajo en Lima Metropolitana. Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática (en adelante, “INEI”), en el trimestre de febrero-marzo-abril de 2020,  “la población ocupada se contrajo en todos los grupos de edad, así en la población de 45 y más años de edad, disminuyó en 20,6% (301 mil 300 personas), en el grupo de 25 a 44 años, decreció en 26,4% (676 mil 500 personas) y en los jóvenes de 14 a 24 años, se redujo en 28,3% (238 mil 800 personas).” (INEI, 2020).

Estando a lo anterior, es evidente que la crisis económica está perjudicando particularmente a los jóvenes, quienes ante una situación de desempleo se encuentran más expuestos a la informalidad laboral como alternativa para generar recursos, pero también más expuestos al deterioro de su salud y dignidad.
Ahora bien, habiendo identificado que, más de medio millón de jóvenes de Lima Metropolitana se encuentran expuesto a la informalidad laboral (cifra que en definitiva se elevará por los efectos aún no cuantificados de la crisis económica) y, considerando que dicha exposición afecta su correcto ejercicio de derechos constitucionales y los coloca en una situación de vulnerabilidad, resulta pertinente abrir este espacio en International Action Group con el objeto de incentivar el diseño y ejecución de políticas públicas que se traduzcan en acciones concretas por parte del Estado Peruano y, por qué no, de otros gobiernos que enfrentan este mismo flagelo en la región americana.
Debemos precisar que el sector informal de la economía abarca a las personas, empresas y transacciones que se realizan al margen de las normas legales y las obligaciones tributarias establecidas para regular la actividad económica, por lo que ser informal supone estar al margen de las cargas tributarias y el ordenamiento jurídico; sin embargo, también implica no contar con la protección del Estado (De Soto, 1989).
A su vez, este fenómeno económico puede definirse como “la forma distorsionada con la que una economía excesivamente reglamentada responde tanto a los choques que enfrenta como a su potencial de crecimiento. Se trata de una respuesta distorsionada porque la informalidad supone una asignación de recursos deficiente que conlleva la pérdida, por lo menos parcial, de las ventajas que ofrece la legalidad: la protección policial y judicial, el acceso al crédito formal, y la capacidad de participar en los mercados internacionales. Por tratar de eludir el control del estado, muchas empresas informales siguen siendo empresas pequeñas con un tamaño inferior al óptimo, utilizan canales irregulares para adquirir y distribuir bienes y servicios, y tienen que utilizar recursos constantemente para encubrir sus actividades o sobornar a funcionarios públicos.” (Loayza, 2007) (énfasis agregado).

Siguiendo con lo anterior, en el sector informal, los agentes económicos actúan al margen de la ley para redituar sus operaciones, lo que significa, por ejemplo, el desconocimiento de beneficios laborales a sus trabajadores.
En relación a ello, el gerente general del Instituto Peruano de Economía, Diego Macera señala lo siguiente: “los trabajadores están desprotegidos en términos de empleo y salud. Por ejemplo, dentro de la informalidad podemos encontrar a los trabajadores que laboran sin beneficios, también están las empresas que tienen RUC, pero que no facturan con boletas o una empresa formal con boletas y RUC, pero que no tiene a todos sus empleados en planilla o los tienen en cuarta categoría. Estos diversos tipos de casos llevan a que se tenga de un 70% a 75% de personas que son parte de la Población Económicamente Activa (PEA), pero que no tienen el más mínimo seguro de salud o protección en caso pierdan su trabajo.” (Macera, 2017). 

Bajo los preceptos del análisis económico del derecho, se deberá entender la informalidad como la consecuencia de mayores costos generados por actuar dentro del marco legal que beneficios por desarrollarte al margen de este. En otras palabras, para el ciudadano es más caro cumplir con la ley que incumplirla.
Pero ¿cuáles son esos elevados costos y débiles beneficios a los que se hace referencia? Según Norman Loayza, autor del Documento de Trabajo 2007-18 del Banco Central de Reserva del Perú, “Las causas y consecuencias de la informalidad en el Perú”, la formalidad  “(…) involucra costos tanto en términos de ingresar a este sector –largos, complejos y costosos procesos de inscripción y registro– como en términos de permanecer dentro del mismo –pago de impuestos, cumplir las normas referidas a beneficios laborales y remuneraciones, manejo ambiental, salud, entre otros. En principio, los beneficios de la formalidad son la protección policial frente al crimen y el abuso, el respaldo del sistema judicial para la resolución de conflictos y el cumplimiento de contratos, el acceso a instituciones financieras formales para obtener crédito y diversificar riesgos y, más ampliamente, la posibilidad de expandirse a mercados tanto locales como internacionales. Cuando menos en principio, la pertenencia al sector formal también elimina la posibilidad de tener que pagar sobornos y evita el pago de las multas y tarifas a las suelen estar expuestas las empresas que operan en la informalidad. Por ello, este sector predomina cuando el marco legal y normativo es opresivo, cuando los servicios ofrecidos por el gobierno no son de gran calidad, y cuando la presencia y control del estado son débiles.” (Loayza, 2007)

Un ejemplo de “costo para ingresar al sector” es el siguiente: a la fecha, el Perú se encuentra en el puesto 133 de 190 en el indicador “Starting a business” (empezar un negocio), pues para constituir una Sociedad Anónima y que esta pueda operar, se requiere de 8 procedimientos distintos, el tiempo promedio es de 26 días y el costo asciende al 9.4% del ingreso per cápita, según el siguiente detalle:

Gráfico elaborado por el World Bank, para su informe “Doing Business 2020 indicator, Economy Profile of Peru, p. 4)

Cabe señalar que el país que lidera el Ranking del Banco Mundial es Nueva Zelanda, donde constituir una empresa tarda 0.5 días, cuesta 0.2% del ingreso per cápita y consta de un solo procedimiento (World Bank, 2020).
Ahora bien, respecto a la informalidad laboral, suele afirmarse que esta deviene de una legislación que desincentiva la contratación formal, aunado a una muy débil fiscalización laboral, baja productividad de los trabajadores, la percepción de que los beneficios de ser un trabajador formal no son lo suficientemente atractivos y la insuficiente demanda laboral (Belapatiño, Grippa & Perea, 2017).
Macera coincide con dicho postulado pues explica que la informalidad responde al costo de acceder a lo formal: “Las leyes hacen que se vea menos atractiva la formalidad cuando tienes que lidiar con las diversas entidades reguladoras. Estas trabas monetarias y procedimentales de pagar impuestos, multas y tributos hacen que se generen sobrecostos laborales. El otro problema es entender a la informalidad como consecuencia de una baja productividad, es decir, las pequeñas empresas o mypes que son poco productivas y que no tienen grandes ganancias no podrán llegar a ser formales por el alto costo que deben de pagar. En el caso de las empresas más chicas, sus empleados producen 10 veces menos que el promedio de empleados de las empresas más grandes. Por ello, con una productividad tan baja es muy difícil que puedan acceder a la formalidad casi independientemente de qué tan barato el Estado defina los impuestos. La esencia de la formalidad es que ayude a la productividad de los trabajadores. El tercer punto es el cultural, el peruano no está habituado a lidiar con el Estado. En ciertos sectores hay desconfianza, se tiene una sensación de falta de correspondencia en la relación Estado-empresario.” (Macera, 2017).

Ahora bien, no podemos ser ajenos al hecho que, en los últimos veinte años, el Estado ha venido realizando importantes esfuerzos para que las pequeñas y medianas empresas se formalicen; por ejemplo, mediante la creación de regímenes tributarios ad-hoc que pretenden incentivar la formalización del empresario, planteando una discriminación positiva respecto al Impuesto a la Renta gravable, entre otros beneficios ligados a su facturación anual.
No obstante, al año 2016, alrededor de 5.3 millones de MYPES seguían siendo informales, es decir, el 94% del total de dichas empresas, de conformidad a las palabras expresadas por Jessica Luna, la gerente general de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú – COMEX, en la IX Cumbre PYME del APEC.
En líneas generales la informalidad sigue siendo abrumadora. Según el Centro de Investigación Empresarial (CIE) de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios (Perucámaras), en el año 2019, la población con empleo informal se situó en una alarmante cifra de 71.1%, lo que sugiere que los referidos esfuerzos no han sido eficaces.
Dicha falta de progreso en la solución del problema de la informalidad podría sugerir la necesidad de acciones más tajantes, las que se pueden materializar de formas muy diversas: desde el intervencionismo paternalista de un Estado de Bienestar o desde la doctrina liberal del laissez faire.
Sobre el particular, múltiples economistas postulan que la solución al problema no radicaría en reducir los tributos, pues el informal siempre tendrá la percepción de poseer mayor liquidez en tanto no comparta sus ganancias con el Estado:  “en el régimen general es un 30% de impuesto a la renta lo que se debe pagar, pero los empresarios sienten que el Estado es su socio forzoso. Debemos tener en cuenta que si un empresario está pagando por debajo del salario mínimo a sus trabajadores y el ser formal lo obliga a pagar el salario mínimo, esto lo obliga a que tenga que aumentar los precios de sus productos o servicios, además de dar las vacaciones y gratificaciones, haciendo que no reciba la liquidez de antes. (…) Los regímenes laborales creados para las pequeñas empresas tienen limitaciones en su implementación, porque si el Estado decide bajar el impuesto a la renta de 30% a 10%, las empresas informales se siguen viendo perjudicadas porque ellas pagan cero de impuestos. Aun cuando los regímenes que salgan bajen los sobrecostos, las gratificaciones, vacaciones o den más beneficios, igual los pequeños empresarios siguen perdiendo y la formalidad les seguirá siendo poco atractiva. En cuanto a beneficios se puede tener acceso a créditos, proveedores o clientes nuevos, posibilidad de licitar con instituciones públicas, préstamos, pero aun así para muchos no llega a ser suficiente.”  (Macera 2017).

Pero vamos, que alguien tiene que pagar impuestos para que el Estado pueda proveer los servicios básicos a sus ciudadanos ¿verdad?, por ello la discusión debe ir más allá y nos coloca en la obligación de encontrar soluciones, desde el ámbito legal, político, social y económico.
Así las cosas, mientras unos hablan del impulso de la flexibilización laboral para acabar con la informalidad, otros la señalan como su causante.

Según Loayza, “La implicancia que esto tiene en términos de políticas es incuestionable: el mecanismo de la formalización es sumamente importante por las consecuencias que tiene en el empleo, la eficiencia y el crecimiento económico. Si la formalización se sustenta exclusivamente en hacer que se cumplan las normas, lo más probable es que ello genere desempleo y un bajo crecimiento. Si por el contrario el proceso de formalización se sostiene mediante mejoras tanto del marco legal como de la calidad y disponibilidad de los servicios públicos, generará un uso más eficiente de los recursos y un mayor crecimiento.”  (Loayza, 2007) (énfasis agregado).

En otras palabras, no será suficiente impulsar el cumplimiento de la ley para reducir la informalidad, pues lo conveniente será el perfeccionamiento de las normas pertinentes y ahí es donde se entrampa el debate, pues aparece la eterna disyuntiva entre regular o desregular.

Para la Organización Internacional del Trabajo (en adelante, “OIT”), la situación es clara, “la flexibilización del trabajo en la economía informal como resultado de las presiones de la globalización también es un factor que contribuye al crecimiento de la informalidad. Anteriormente, los contratos formales o regulares de trabajo ofrecían a los trabajadores seguridad del empleo y una cierta estabilidad de ingreso y seguridad social. También permitían a los trabajadores evitar los riesgos relativos a las inversiones en herramientas, materiales y lugares, que corrían por cuenta del empleador. Para adaptarse a un mercado más competitivo, las empresas recurren a modalidades de trabajo flexible, como la subcontratación y el trabajo temporal u ocasional. (OIT, 2013) (énfasis agregado).

El citado organismo internacional rechaza que el alto costo de cumplir la reglamentación se deba a la “rigidez” del mercado laboral (protección ante despidos arbitrarios, contratos a plazo fijo, beneficios laborales, etc.), pues no se basaría en datos empíricos que respalden dichos argumentos.
En ese sentido, señala que “La Comisión para el Empoderamiento Jurídico de los Pobres, en particular su grupo de trabajo de expertos independientes (entre otros, del Banco Mundial y la OIT) examinó los estudios y los datos empíricos que establecieron la vinculación entre los marcos regulatorios del mercado de trabajo rígidos y el crecimiento de la informalidad durante un período determinado y llegaron a la conclusión de que las pruebas no eran decisivas. En cambio, la Comisión recomendó que se examinara la idoneidad del entorno normativo en los contextos locales con miras a fortalecer su función empoderadora de las personas que trabajaban en la economía informal. También recomendó la definición y aplicación eficaz de un conjunto mínimo de derechos que incluyera y trascendiera la Declaración de la OIT relativa los principios y derechos fundamentales en el trabajo de 1998.”  (OIT, 2013).

A mayor abundamiento, la OIT presenta evidencia que sustenta su posición, como es el caso del “Informe de la Comisión Nacional sobre empresas del sector no estructurado de la India publicado en junio de 200914. El informe analizó datos sobre el crecimiento y el empleo en la India del último decenio y llegó a la conclusión de que el ritmo de creación de trabajo había sido mayor en empleos de baja calidad o informales en comparación con la creación de empleo formal en un período en que el país experimentó un crecimiento firme y no registró un “endurecimiento” de las regulaciones del mercado de trabajo. En otras palabras, el aumento de la informalidad en ambos grupos de trabajadores por cuenta propia, y en particular en los asalariados del sector formal, no podía atribuirse a regulaciones más estrictas. En cambio, en el Brasil estudios recientes de la OIT mostraron el incremento y la aceleración de la creación de empleo formal en un momento en que se aumentaron los salarios mínimos y se fortaleció la inspección del trabajo. En la Argentina, una encuesta reciente del Banco Mundial no respaldó la tesis del “empleo informal voluntario” y demostró cómo un conjunto multidimensional de políticas podía frenar el aumento drástico de la informalidad que se había registrado después de la crisis financiera.. (OIT, 2013).

Estando a lo citado, es sólida la postura que rechaza una correlación entre la regulación laboral garantista y el escape a la informalidad.
Sin embargo, la OIT acepta que hay aspectos regulatorios que deben  “racionalizarse, simplificarse y hacerse eficaces en función de los costos. Por ejemplo, los altos gastos de transacción, las reglamentaciones excesivamente engorrosas, los procesos de registro complicados, costosos e inadecuados, y la necesidad de tratar con burocracias corruptas o ineficientes pueden constituir obstáculos graves al ingreso en la economía estructurada.” (OIT, 2013).

Ante esta situación, consideramos que se debe analizar qué aspectos regulatorios son desventajosos y plantear sus modificaciones sin perjudicar los importantes avances en materia de derechos laborales. Además, es menester ejercer una función educadora desde la sociedad civil organizada mediante la difusión de las ventajas y beneficios directos de la formalidad, tales como el acceso garantizado al sistema financiero (factoring, préstamos, cuentas de ahorro institucionales, cotización en bolsa, etc.), el acceso a los procedimientos de contrataciones con el Estado, la atracción de talento y, sobre todo, la materialización del trabajo digno.
A su vez, la Administración Pública tiene el deber de ejercer correctamente su rol prestacional de servicios públicos e infraestructura para generar la certeza en la ciudadanía de que su dinero gastado en tributos es una buena inversión, solo así se interrumpirá ese círculo vicioso de informalidad que perjudica la viabilidad del desarrollo sostenible de toda nación.
Mantener un porcentaje tan elevado de informalidad no solo dificulta la construcción de un país estable y equitativo ante una recaudación fiscal endeble, sino que significa para el Estado claudicar a la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, lo que configura su fin supremo, manteniendo en riesgo inminente la vida de millones de ciudadanos, sobre todo jóvenes, tal y como hemos evidenciado. La informalidad mata, no seamos cómplices.

BIBLIOGRAFIA

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⦁ INEI (2020). Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana. Lima, Perú. Recuperado el 13 de setiembre de 2020 de: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/05-informe-tecnico-n05_mercado-laboral-feb-mar-abr.2020.pdf 

⦁ WORLD BANK (2020), “Doing Business 2020 indicator, Economy Profile of Peru. (p. 4) Recuperado el 13 de setiembre de: https://espanol.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/p/peru/PER.pdf 

⦁ WORLD BANK (2020) Ease of Doing Business in New Zealand. Recuperado el 6 de diciembre de:

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⦁ De Soto H. (1989), “The Other Path: The Invisible Revolution in the Third World”, HarperCollins.

⦁ Loayza N. (2008), “Documento de Trabajo 2007-18, Las causas y consecuencias de la informalidad en el Perú”. Revista Estudios Económicos, Banco Central de Reserva del Perú, 15. Lima, Perú (p. 44) Recuperado el 1 de setiembre de 2020 de: https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Documentos-de-Trabajo/2007/Working-Paper-18-2007.pdf

⦁ Organización Internacional del Trabajo – OIT (2013) “La economía informal y el trabajo decente: una guía de recursos sobre políticas, apoyando la transición hacia la formalidad / Oficina Internacional del Trabajo, Departamento de Política de Empleo. Ginebra, Suiza.

⦁ Belapatiño V.; Grippa F. & Perea H. (2017) “Perú, Informalidad laboral y algunas propuestas para reducirla”. BBVA Research. Recuperado el 1 de setiembre de 2020 de: https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2017/01/Observatorio-informalidad-laboral1.pdf 

⦁ Macera D. (2017) Entrevista a Diego Macera, por Stephanie Mayer Falla, Revista de la Cámara de Comercio de Lima. Recuperado el día 1 de setiembre de 2020 de: https://www.ipe.org.pe/portal/la-esencia-de-la-formalidad-es-que-ayude-a-la-productividad-de-los-trabajadores/