Arquitectos urbanistas, abogados y activistas por el desarrollo sostenible de todo el mundo vienen dando contenido doctrinario al Derecho a la Ciudad, el cual implica el desarrollo de una ciudadanía digna como consecuencia de la capacidad igualitaria de todas y todos para acceder tanto un techo como a espacios y servicios públicos inclusivos, modernos y de calidad.

Fue el filósofo francés Henri Lefebvre quien acuñó el término “Derecho a la Ciudad”, acompañándolo del slogan: “Cry and demand”, que puede entenderse como el llanto o súplica de quienes se encuentran privados de los derechos básicos y, por otro lado, la aspiración de quienes están descontentos con su vida actual (la cual es percibida como una limitación a su potencial de crecimiento y creatividad). En otras palabras, la demanda es de quienes están excluidos mientras que la aspiración es de aquellos que están alienados; el clamor es por las necesidades materiales de la vida, la aspiración es por un derecho más amplio para llevar una vida satisfactoria (Marcuse, 2011).

Posteriormente, el concepto se trasladaría al centro de la discusión de la comunidad internacional en lo que al urbanismo se refiere, toda vez que el año 2005 se firmó la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad que busca garantizar, según su artículo 1.2 “el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sostenibilidad, democracia, equidad y justicia social”.

Este derecho también ha sido replicado en múltiples instrumentos internacionales tales como la Nueva Agenda Urbana, promovida por la agencia HABITAT de las Naciones Unidas, y materializada a través de la Resolución de la Asamblea General N 71/256* de fecha 25 de enero de 2017, que en su párrafo 11 comunica lo siguiente:

“11. Compartimos el ideal de una ciudad para todos, refiriéndonos a la igualdad en el uso y el disfrute de las ciudades y los asentamientos humanos y buscando promover la inclusividad y garantizar que todos los habitantes, tanto de las generaciones presentes como futuras, sin discriminación de ningún tipo, puedan crear ciudades y asentamientos humanos justos, seguros, sanos, accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles y habitar en ellos, a fin de promover la prosperidad y la calidad de vida para todos. Hacemos notar los esfuerzos de algunos gobiernos nacionales y locales para consagrar este ideal, conocido como “el derecho a la ciudad”, en sus leyes, declaraciones políticas y cartas.” (énfasis agregado)

Estando a ello, resulta evidente que la comunidad internacional apunta hacia constitucionalización del Derecho a la Ciudad, lo que implicará una serie de cambios estructurales para garantizar su cumplimiento, principalmente el mejoramiento de la gobernanza local en pro de la sostenibilidad de las ciudades y la consecución de los derechos conexos del ciudadano.

Ahora bien, para que una ciudad pueda ser reconocida como sostenible debe ser segura, inclusiva, resiliente y además debe encontrarse adecuadamente equipada. Esto conlleva la necesidad de implementar espacios públicos de calidad, hospitales, escuelas, universidades, museos, bibliotecas, comisarías, pistas, veredas, cementerios, ferias, plazas, mercados y parques.

Sobre esto último, cabe señalar que el equipamiento urbano de espacios públicos no solo implica el mantenimiento de áreas verdes existentes, sino su transformación armónica para que puedan ser utilizadas por las y los ciudadanos, en pro de una ciudad más saludable y llena de vida.

A mayor abundamiento, Tiia Talvisara define el espacio público como “un espacio abierto en el ámbito urbano para que los ciudadanos se encuentren, se sientan pertenecientes a la comunidad y desarrollen la identidad y la confianza entre ellos.” (TALVISARA, 2019) (el énfasis es agregado).

Asimismo, la autora antes citada menciona que “Los espacios públicos invitan a las personas a encontrarse en un entorno igualitario y a utilizar ese espacio para diversas actividades, como promover la cultura local y organizar demostraciones.” (TALVISARA, 2019)

 

Es decir, que el espacio público es per se accesible y debe ser pasible de ser gozado por las personas, ante lo cual, se concluye que un área verde inaccesible no puede ni debe ser considerada como espacio público.

Habiendo dicho esto, presentamos el caso del “Parque Bicentenario” en Lima, Perú, un proyecto que busca transformar las áreas verdes inaccesibles de un acantilado en un espacio público funcional que permita el tránsito de peatones y unidades de micro movilidad como bicicletas, skates, scooters o patines.

El Malecón de Miraflores es un atractivo turístico conocido en el mundo entero que está conformado por decenas de parques consecutivos ubicados en el talud superior del acantilado de la Costa Verde y cuenta con una afluencia de más de dos millones de turistas extranjeros por año, según información de la Agencia Peruana de Noticias Andina (ANDINA, 2020).

Desde esta zona del distrito de Miraflores, los visitantes (extranjeros y locales) tienen un acceso permanente e irrestricto de 5km lineales a una privilegiada vista al Océano Pacífico, las puestas de sol y, en general, a toda la bahía donde la ciudad capital se erigió hace más de 485 años.

Actualmente, la Municipalidad Distrital de Miraflores busca ampliar esa oferta de espacios públicos con la construcción del referido “Parque Bicentenario” en la quebrada de Armendáriz, el proyecto consiste en la habilitación de cinco plazuelas, una red de rampas inclusivas, un jardín botánico con 160 mil especies de la costa peruana, incluyendo el sembrado de 150 nuevos árboles, y un mirador que permitirá a los peatones disfrutar las espectaculares vistas.

Además de ser un nuevo destino turístico para la ciudad, en el Parque Bicentenario se aplicará una técnica ancestral precolombina que puede advertirse en la ciudadela de Machu Picchu: el escalonamiento de terrenos mediante andenes, con el objeto de estabilizar el talud del acantilado que, según varios estudios geológicos, se encuentra saturado por la construcción de los edificios de la línea costera.

Desde IAG consideramos que la ampliación la oferta de espacios públicos de áreas verdes en la ciudad de Lima es pertinente, toda vez que existe un enorme déficit en dicho campo. Al año 2017, la ciudad contaba con 28’833,678.90 m2 de áreas verdes, lo que equivale al 3.36 m2 por habitante (Lima Cómo Vamos, 2018), cuando lo recomendable para una ciudad saludable es tener 9m2 de áreas verdes por habitante.

No obstante, dichos porcentajes son relativos, pues mucho tendrá que ver qué clase de áreas verdes son contabilizadas “porque es distinto 1m2 de jardín que 1m2 de árboles, siendo los últimos aquellos que pueden proveer de mejor calidad ambiental porque permiten la purificación del aire.” (ALEGRE, 2018).

Esto puede dar respuesta a las críticas de un grupo de vecinos que vienen manifestando su disconformidad con el proyecto por la supuesta disminución de áreas verdes para la pavimentación del 17% del área intervenida.

Sin embargo, los detractores omiten en sus fundamentos que la vegetación existente es incipiente y perjudicial para el terreno. Se trata de una planta denominada campanilla que crece sobre la roca y da una falsa percepción de superficie lo que hace que su presencia sea peligrosa para peatones y curiosos.

Lo que es peor, el mantenimiento de la campanilla demanda grandes cantidades de agua y, esto, a su vez, genera el debilitamiento del talud del acantilado.

Estando a lo anterior, volvemos a la reflexión sobre la calidad de áreas verdes que necesitamos en una ciudad sostenible. ¿Equivale 1m2 de campanilla a 1m2 de árboles y otras plantas endémicas, en cuanto a impacto ambiental se refiere? Si la respuesta es negativa, entonces la transformación y rehabilitación de áreas verdes no solo es pertinente sino obligatoria en una ciudad que adolece de ellas.

Además, cabe señalar que ese porcentaje de concreto cuestionado responde a las plazas, rampas, escalera y nuevos equipamientos públicos, todos estos dispuestos para que la zona pueda ser accesible al peatón por primera vez en la historia.

El “Parque Bicentenario” se proyecta además como un nuevo “pulmón verde” en Lima, que hoy en día ocupa el sétimo lugar de las ciudades más contaminadas de Latinoamérica; generará la creación de nuevos puestos de trabajo; y, consecuentemente implicará un impacto positivo en la reactivación económica por medio de la inversión pública.

Debemos decir que el proyecto costará S/ 19´542,200 (USD 5´428,333) y será financiado enteramente por el Gobierno Central en el marco de una transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, por la suma de S/ 644´134,207 (USD 178´926,169) destinados a los Gobiernos Locales para la ejecución de “proyectos de inversión e Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR) en materia de vías urbanas, planeamiento urbano y rural y conservación y ampliación de las áreas verdes y ornato público y saneamiento urbano y rural” (Artículo 4 del Decreto de Urgencia 70-2020, aprobado el día 19 de junio de 2020) (el énfasis es agregado).

Finalmente, la creación de este nuevo espacio público funcional demandará un esfuerzo adicional del Municipio que, ante un incremento en la afluencia de visitantes, deberá doblegar esfuerzos para preservar la seguridad ciudadana, mantener ordenado el tránsito vehicular y garantizar la paz y tranquilidad de los vecinos, con quienes debe mantener canales de comunicación abiertos y permanentes para satisfacer sus dudas e inquietudes; por supuesto, sin que ello signifique la primacía de las inconformidades de algunos sobre los esfuerzos de construir una ciudad sostenible para todas y todos.

Bibliografía

  1. Marcuse P. (2011) ¿Qué derecho para qué ciudad en Lefebvre? / What Right to What City in Lefebvre?. Urban, [S.l.], n. 02, p. 17-21. Recuperado el día 9 de diciembre de 2020 de: http://polired.upm.es/index.php/urban/article/view/1482/1984
  2. Organización de las Naciones Unidas (2017) A/RES/71/256.
  3. Agencia Peruana de Noticias – ANDINA (2020) “Proponen a Miraflores como destino turístico seguro”. Recuperado el día 9 de diciembre de 2020 de: https://andina.pe/agencia/noticia-proponen-a-miraflores-como-destino-turistico-seguro-820511.aspx
  4. Talvisara T. (2019) The value of functional public spaces for the wellbeing of citizens. Recuperado el día 9 de diciembre de 2020 de: http://tahdistolehti.fi/value-functional-public-spaces-wellbeing-citizens/
  5. Alegre M. (2018) Entrevista: Tenemos un problema con la concepción del espacio público y el valor que le damos. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental – SPDA. Recuperado el día 9 de diciembre de 2020 de: https://www.actualidadambiental.pe/mariana-alegre-tenemos-un-problema-con-la-concepcion-del-espacio-publico-y-el-valor-que-le-damos/
  6. Municipalidad de Miraflores (2020) Ministerio de Vivienda y Municipalidad de Miraflores trabajan conjuntamente en desarrollo del Parque Bicentenario. Recuperado el día 9 de diciembre de 2020 de: https://www.miraflores.gob.pe/parque-bicentenario-25nov/